domingo, 17 de febrero de 2013

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Parlamentario.com

Buena parte de la opinión pública considera que algo hay que hacer respecto del procedimiento legal para poder adoptar en la provincia de Buenos Aires, niños no deseados están por un lado; mientras que en el otro lado están las parejas dispuestas a criar esos niños, pero en el medio aparece “la burocracia”. El propio gobernador Daniel Scioli en ocasiones se hizo eco de la cuestión y alentó el trabajo legislativo que se estaba desarrollando.
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó, en septiembre de 2011, un proyecto de ley unificando distintas posiciones y preocupaciones, para avanzar en un nuevo Procedimientos de Adopción de la Provincia de Buenos Aires, con el respaldo de todos los bloques, y al mismo tiempo modificó artículos de la Ley 13.298, que apuntan a consolidar la promoción y protección integral de los derechos de los niños.
La iniciativa fue considerada en el Senado pero nunca pudo llegar al recinto. Hoy, dos interpretaciones se imponen sobre el “estado actual” de la iniciativa, algunos entienden, que el 31 de diciembre de 2012 perdió estado parlamentario y otros consideran que recién el 1 de marzo del corriente año.
El proyecto concertado en Diputados, sobre una temática que incluso en ocasiones fue evocado por las máximas autoridades provinciales, insumió un largo debate y una acabada redacción final que estuvo a cargo del propio presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el diputado del FpV-PJ Marcelo Feliú.
Pero además de la firma de Feliú están las de los oficialistas Juan De Jesús, Claudia Prince, Raúl Pérez, Horacio Delgado e Iván Budassi y de los opositores Rodolfo Arata, Natalia Gradaschi y Cecilia Moreau.
En el recinto de la Cámara joven, a modo de defensa de la propuesta parlamentaria, además de Feliú, también opinaron Gradaschi, Budassi y Raúl Pérez; Sebastián Cinquerrui, de Igualdad y Participación; Juan Carlos Juárez, GEN; Ramiro Gutiérrez por entonces de Unión Celeste y Blanco; y los radicales Juan Gobbi, Horacio De Simone y Julia García. Cada uno de ellos, tradujo “orgullo y satisfacción”, por el resultado conseguido.
Los oradores explicaron que con la iniciativa votada se regulan las etapas necesarias para declarar la adopción de los niños, niñas y adolescentes, con el espíritu de cubrir el vacío legal existente e instituir en la Provincia una normativa que delimite y establezca el procedimiento de la adopción en todas sus facetas.
En efecto, el objeto de la iniciativa fue establecer el procedimiento de adopción en toda la provincia de Buenos Aires y se consignaba que para la interpretación y aplicación de la ley el principio rector será el interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño; en el artículo 19 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y en la Ley provincial 13.298
Como principios generales, además del principio rector establecido, en la aplicación de la presente ley resultan de aplicación obligatoria, todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño, concordantes y en especial en carácter enunciativo, los siguientes: Derecho del niño, niña o adolescente, a ser tratado como Sujeto de Derecho; a conocer su identidad; a no ser discriminado sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus tutores; a ser oído, durante todo el procedimiento; a la protección y asistencia especial del Estado; a vivir y ser criado en el seno de una familia; a tener una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad; y a la educación.
Pero al mismo tiempo la normativa pretendía organizar y constituir una etapa de prevención, en la que se aborde la problemática del niño, niña o adolescente y su familia de origen (centro de vida legítimo), y en base a las pautas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y el superior interés del niño, dictaminar o no el estado de adoptabilidad, dado que la adopción requiere una evaluación integral de la situación personal y jurídica del niño.
Se trata de encontrar un procedimiento que sea el adecuado para “terminar con la situación de los niños, niñas y adolescentes invisibilizados” bajo las figuras de abrigos, familias sustitutas, hogares, ONGs, guardas o cualquier otro nombre que se “le dé a la institucionalización, que no es más que un modo de enmascararlas, reproduciendo un esquema administrativo paternalista”.
Se entendía que “legislar y reconocer el estado de adoptabilidad y la imposición de plazos a los Tribunales no solo beneficia los postulantes para la adopción sino, prioritariamente, a los niños niñas y adolescentes que podrán ver cumplido su derecho a ser criados en el seno de una familia”.
En las conclusiones vertidas en las Jornadas sobre “Nuevas normativas para el procedimiento de adopción de niñas, niños y adolescentes”, organizadas por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a través del Observatorio Social Legislativo, se fijaron plazos perentorios para que los jueces intervinientes en un trámite de adopción tomen su decisión fundadamente una vez agotadas todas las instancias en procura de la posibilidad de buscar la permanencia y/o reinserción en las familias biológicas que fueron incorporadas a la iniciativa.
De las Jornadas participaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani, quieren incorporaron la postura de esta Suprema Corte sobre los plazos.
Vale recordar que Hilda Kogan, mencionó que en la provincia de Buenos Aires existen 17.601 familias que se encuentran inscriptas como adoptantes y existen más de 5.000 chicos institucionalizados.
La celeridad en los plazos procesales, una de las principales modificaciones buscadas en la iniciativa, se debe a los derechos en juego, y por que abre un “mientras tanto qué”, y que es previo ponderando la reversibilidad de las situaciones y revocación que pueden sufrir las resoluciones judiciales, ya que, como bien lo menciona la percepción social el “tiempo perdido en materia de crianza y contención es irrecuperable”.
La determinación de plazos procesales para definir la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, no solo agilizará los trámites de adopción sino que además solucionará algunos inconvenientes existentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde, al momento del debate en Diputados, septiembre de 2011, existían 944 niños ya declarados en estado de adoptabilidad y sin embargo seguían institucionalizados, “existiendo muchas familias esperando y ávidas de darles cariño”, datos estos que informara Hilda Kogan en las Jornadas organizadas por la Cámara de Diputados, presidida por Horacio González.
Se concluyó además que la necesidad de establecer plazos se debe a que, hay casos de niños, niñas y adolescentes que ingresan en programas pensados para contención temporaria, permanecen por tiempo indefinido junto a familias con las que crean vínculos muy distintos a los pensados por el sistema.
Por último, en el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados y que el Senado desestimó su tratamiento, el procedimiento de adopción es consagrado como institución jurídica de último recurso. De ningún modo es considerada como sustituto de las políticas sociales.

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