lunes, 2 de julio de 2012

La adopción y el futuro Código Civil

Es bienvenido todo cuanto facilite el noble acto de adoptar un menor garantizándole la satisfacción de sus necesidades.

El proyecto de reforma del Código Civil describe el objeto de la institución de la adopción expresando que se pretende proteger el derecho de los niños a vivir y desarrollarse en una familia que les pueda procurar los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstas no puedan ser proporcionadas por su familia de origen.

Establece principios rectores de la institución, como son el interés superior del niño y el derecho a la identidad, ambos en consonancia con la legislación en vigor; el agotamiento de la posibilidad de mantener al niño en su familia de origen; el respeto hacia los vínculos fraternos; el de dar a conocer sus orígenes al niño, que ya regía en plenitud como compromiso de los adoptantes en la sentencia de adopción; el derecho del niño a ser oído, y en el caso de los mayores de 10 años, a dar su consentimiento expreso.

Pueden ser adoptados los menores de edad o aquellos cuyos padres hubiesen perdido la patria potestad, llamada responsabilidad parental por el proyecto, y los mayores, cuando se trate del hijo del cónyuge o se hubiese dado trato de hijo al adoptado durante su menor edad.

Pueden adoptar tanto los matrimonios, como las parejas, como las personas solas, y aquí no podemos dejar de reiterar, que la adopción por parejas homosexuales, que hoy son "matrimonios legales", no consulta el interés superior del niño, que tiene derecho a la paternidad heterosexual. Resulta positivo, en cambio, que si quien adopta es un matrimonio o una pareja, lo deban hacer ambos, y no lo es tanto que se pueda adoptar después del divorcio de los adoptantes, por más que hayan convivido con el menor por adoptar, pues tampoco parece lo más conveniente para el interés del niño. Pueden también adoptar las personas que viven solas y los separados de hecho. Los adoptantes deben tener 16 años de diferencia de edad con el adoptado, salvo la adopción del hijo del cónyuge.

Se mantienen las distintas clases de adopción: plena y simple, y se agrega la de integración, que se refiere al hijo del cónyuge o del conviviente.

El proceso tiene tres etapas, la primera es la declaración del estado de adoptabilidad, posible para huérfanos o niños sin filiación conocida. La decisión de los padres sólo permite este estado luego de 90 días de intentos administrativos para que la familia mantenga al menor en su seno, y pasados 180 días de prueba de que fracasaron los intentos. Este es un tema sumamente polémico, pues si bien en teoría es perfecto, en la práctica resulta muy dudoso que esa familia sea el mejor lugar para el niño.

Son partes el niño con asistencia letrada, los padres o guardadores, el órgano administrativo y el Ministerio Público. El juez deberá contar con el Registro de Adoptantes y podrá elegir a quien considere más apto dentro de la lista de éste, lo cual es positivo, pues respeta la función del magistrado judicial. Cuando los padres hubiesen perdido la responsabilidad parental, no será necesario el "estado de adaptabilidad". La segunda etapa es la sentencia de guarda con fines de adopción, que la otorga por un período no superior a seis meses, y luego, la tercera sería el juicio de adopción hasta llegar a la sentencia definitiva.

Uno de los temas conflictivos, relacionados con la guarda, ha sido resuelto prohibiendo que los padres otorguen la guarda de hecho de un niño, sea por escritura pública o por acto administrativo, excepto cuando se base en vínculos de parentesco o afectivos. El tema no es claro, y se vincula al derecho de los padres a elegir las personas que desean como adoptantes de sus hijos, y a la vez, como contrapartida, se intenta prevenir el riesgo de la venta de niños. En todo caso, siempre debería pasar por la decisión judicial. Otro es el tiempo que los niños viven en instituciones sin que se resuelva su destino, tema vinculado a la falta de registros efectivos y a la morosidad judicial.

El derecho a la identidad del niño ya está suficientemente resguardado y bastante internalizado en nuestra cultura, no sólo en lo legal, sino también en lo social. La defensa de la familia de origen, muy marcada en el proyecto, es de derecho natural, pero no debe ser llevada a instancias extremas, pues, como ha dicho la Corte Suprema, este vínculo es tan importante como el adoptivo y debe cuidarse siempre el interés del niño, que no siempre coincidirá con su familia de origen.

El trámite no parece haberse simplificado, y habrá que ver sobre la marcha cómo funciona esta gestión administrativa de revinculación con la familia de origen que intenta dar en adopción a sus hijos, y el período de prueba del éxito o fracaso. Si ésta es la respuesta para evitar que la pobreza sea un argumento para dar a un menor en adopción, parece que se queda corta. Otros son los aspectos socioeconómicos por contemplar si se quiere lograr tan loable propósito, pero, tal vez, se pueda abrir un compás de espera en este aspecto. Pensar lo contrario es legislar desde la ideología dando la espalda a la realidad.

Todo lo que pueda hacerse para fomentar este instituto será poco, y no sería menor brindar a quienes tienen un embarazo no deseado, facilidades, créditos y atención médica y psicológica para que lleven a término ese embarazo y se facilite la adopción del niño siempre inocente.

No hay comentarios: