miércoles, 7 de marzo de 2012

Tres juezas quedaron en la mira de la Corte por adopciones irregulares -MENDOZA

Fuene.DIARO UNO
Se investiga si las magistradas, del Valle de Uco, falsearon papeles para beneficiar a dos parejas porteñas, previa retribución monetaria.
Catherina Gibilaro
cgibilaro@diariouno.net.ar

Tres juezas del Valle de Uco están en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, sospechadas de cometer serias irregularidades en casos de adopciones de niños entregados en el 2009 y el 2010, que pueden llegar a constituir delito.

Para determinar esto trabajan en forma conjunta la Secretaría Legal y Técnica de la Corte, a cargo de Silvina Barón Knoll; la Sala Administrativa y la Fiscalía de Cámara Criminal Nº1, de Javier Pascua.

De comprobarse las sospechas, las tres magistradas de los tribunales de Familia, que fueron denunciadas por las madres de dos niños dados en adopción mediante maniobras poco claras, podrían correr el riego de ser imputadas de los delitos de falsedad documental, incumplimiento de los deberes de funcionarios público y alteración del estado civil de los menores.

El caso, que era un secreto a voces en los tribunales de Tunuyán, fue detectado el año pasado cuando se verificó que una causa de adopción estaba mal archivada por una fiscal. En ese momento comenzó la tarea de la Procuración y la Corte para establecer la gravedad de cuanto había llegado a sus oídos sobre la situación de dos niños (una nena de 5 años y un bebé de pocos meses) que fueron entregados ilegalmente a dos parejas oriundas de la Capital Federal.

Esto sería apenas la punta del iceberg de una serie irregularidades que ya detectaron los investigadores, porque la Justicia de Valle de Uco no está habilitada para entregar un niño en adopción, ya que todo el trámite debe realizarse en Mendoza. Menos aún pueden dárselos a personas que no viven en la provincia, obviando el requerimiento de otras familias que esperan desde hace mucho para adoptar un niño.

Las parejas porteñas incluso no habrían sido registradas como adoptantes en la lista de espera.

También trascendió que una de las juezas investigadas había mandado a sacar fotos de la pequeña, cuando ésta estaba en la Casa Cuna, para exhibírselas a los adoptantes, algo que está terminantemente prohibido por la ley. No conforme con esto, también habría ido con las parejas a ver a los niños, lo cual también está prohibido.

En el marco de la pesquisa, se habría acreditado que el procedimiento de selección de los adoptantes fue excesivamente rápido, violando los procedimientos legales.

Esto llevaría a sospechar a las denunciantes –patrocinadas por el abogado Edgardo Valles– que podría haber habido retribución monetaria, lo cual configuraría otro delito. Pero los investigadores fueron más allá, ya que habrían detectado un hecho nada menor: puede haberse alterado el estado civil de los pequeños, lo que configuraría falsedad documental.

Sin embargo, lo más grave es que se ha sacado a los niños de sus familias de sangre para mandarlos a adoptivas, privándolos así de todo contacto con su seno familiar y cambiándoles incluso los apellidos.

Sobre este espinoso y delicado tema tendrá que expedirse a la brevedad el juez de Instrucción de Tunuyán Oscar Balmes.

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