viernes, 18 de febrero de 2011

En torno al sistema de adopción de menores (Río Negro)


16/02/2011 - En torno al sistema de adopción de menores (Río Negro)

Opinión - Columna abierta

El Cordillerano


El instituto de la adopción en nuestro país, que se destaca por su sentido tutelar y social,  se ha ido adaptando, con el correr de los años, a los nuevos contextos sociales y a los  requerimientos que el propio sistema de adopción ha ido demandando.
A propósito, sabemos que el sistema de adopción cumple dos roles perfectamente marcados: por un lado, el más importante, que es la satisfacción del interés del menor y, por el otro, el de satisfacer las ansias de maternidad o paternidad en la persona de los adoptantes.
De los roles señalados precedentemente, el más importante, el que debe tener mejor tratamiento, mayor acogimiento y receptación tanto en nuestro sistema legislativo como así también en la administración de justicia es el interés superior del niño. Es de suma relevancia, al efecto, que las legislaciones provinciales se encuentren en plena armonía y concordancia con la normativa nacional e internacional a los fines de dar el más acabado cumplimiento a este interés de carácter superlativo.
El interés superior del niño tiene su génesis normativa en los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento ratificado por nuestro país mediante Ley 23.849 y que adquirió jerarquía Constitucional al ser incluida en la reforma constitucional de 1994 en el artículo 75 inc. 22 de nuestra carta magna.
En Río Negro, el instituto de la adopción tiene su marco regulatorio mediante la ley K N° 3268, a través de la cual se creó el Registro Provincial de Aspirantes a la Adopción, único mecanismo válido para acceder a la adopción de un menor. A partir de ese momento sólo pueden transformarse en padres adoptivos los hermanos mayores del niño y aquellos que estén incluidos en el registro mencionado.
La ley de adopción, a nuestro juicio, debe tender a la necesaria interpretación de todas las situaciones fácticas cuando éstas, evaluadas según el sabio y honesto entender del Juez, no sólo no resultan contrarias a la legislación vigente sino que constituyen situaciones que deben considerarse atendiendo el interés superior del niño, tal el caso de las guardas de hecho con fines de adopción y la autonomía de la voluntad.
En tal sentido resulta necesario impulsar reformas legislativas que ejerciten políticas tendientes a hacer lugar y respetar la voluntad de los progenitores en cuanto a la elección de la familia que tendrá a su cargo la crianza, educación, alimentación y protección del menor ante la falta de posibilidades materiales de los padres biológicos de hacerse cargo. Las guardas de hecho existen y no debe negarse la importancia de la voluntad de los padres biológicos en la entrega de su propio hijo a una determinada familia quien cumplirá, en adelante, una función parental.
Tampoco debe perderse de vista la importancia que reviste para el menor la pertenencia al grupo familiar al cual ha sido entregado por sus propios progenitores, con el cual ya se encuentra integrado. Este menor ha sufrido, primero, el abandono de sus padres biológicos y exponerlo a un segundo abandono, cual es el de la familia guardadora para dejar al menor bajo el Patronato del Estado para que éste lo confíe  a la primera familia que figure en la lista de aspirantes para la adopción, implica claramente una enorme tensión afectiva y psicológica para el menor cuyas consecuencias jamás pueden dejar de ser consideradas por el estado.
Otro de los puntos que debe ser analizado al abordar la problemática de la guarda de hecho con fines de adopción es el “interés familiar”. Este surge como consecuencia de la pertenencia a la familia guardadora que el menor integra y los vínculos que se crean con el paso del tiempo y el trato paterno, materno filial.
El menor integrado a la familia guardadora tiene ya su sentido de permanencia a ese núcleo familiar al que considera como propio. No reconocer o valorar las guardas de hecho provocaría en el menor que ha sido entregado en esa calidad conflictos como el desarraigo, la pérdida de vínculos ya creados, pérdida de los afectos, del hábitat y costumbres familiares, es decir, la adaptación a la dinámica de la familia guardadora.
En razón de la existencia de todos estos potenciales perjuicios es conveniente mantener la situación de guarda existente, teniendo en cuenta el mejor interés del niño así como la idoneidad de los guardadores y el ambiente en que se desarrolla la actividad. Sin perjuicio de que cada caso deba analizarse en concreto, es decir con las particularidades propias que cada situación trae aparejada, es necesario que sea contemplada normativamente la voluntad expresa de los padres biológicos de elegir el guardador o los guardadores, reconociendo la autonomía de la voluntad.
Es igualmente importante dar validez y reconocer la plena actividad de la autonomía de la voluntad que ejerce la madre biológica al entregar su hijo a los guardadores. Este acto volitivo que desarrolla la progenitora ha sido denominado por la doctrina como el “consentimiento informado”. Su reconocimiento y aceptación implica “revalorizar a las personas para que sean protagonistas de su propia historia”. Desde este lugar, el consentimiento informado se convierte en un derecho personalísimo.
En tal sentido es interesante citar la reflexión de la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci que destaca: “Lo importante es establecer la idoneidad de los guardadores; tan idóneos pueden ser los elegidos por la madre como los que seleccione el juez de la lista de pretensos adoptantes...”.
Nosotros pensamos que el Estado debe respetar esta voluntad e intervenir exclusivamente en situaciones de riesgo para el menor, ya sea de orden moral o material, o cuando éste ha sido objeto de un delito, como ocurre con los flagelos habituales del tráfico de niños o sustitución de identidad.
Contando con un marco normativo que le otorgue campo de actuación en estos supuestos, el juez será el que tendrá la tarea de tomar todos los recaudos para valorar cuál es el mejor interés del menor, articulando todos los medios a su alcance para conocer las particularidades del caso y ejerciendo los máximos controles sobre las condiciones personales, morales y económicas que reviste la familia que ha recibido al menor directamente de sus progenitores.
No son suficientes ni acordes a la realidad los argumentos que impiden a un padre o una madre elegir a quién confiar el cuidado de su hijo. Si la negación a una adecuación legislativa en tal sentido responde a los temores existentes respecto a que con estas prácticas se favorece el tráfico de niños, debe decirse, en contraposición, que nada de eso ocurrirá si sumamos a la libertad el control judicial. Tampoco debe generalizarse la presunción de que detrás de toda entrega se oculta un hecho ilícito. Y si surgiera la duda, lo más conveniente es seducir a los actores para que ingresen a la escena jurisdiccional a fin de valorar la conducta desplegada según los parámetros legales.
Por eso es importante promover la sanción de una ley que incorpore la guarda de hecho como la posible iniciación de un vínculo filiatorio -a los ya establecidos requisitos para acceder a la guarda con fines de adopción- quedando en manos de la actividad jurisdiccional el decidir convalidarla y transformarla en guarda con fines de adopción. Este es el temperamento de un proyecto de ley que estamos propiciando en  conjunto con el legislador Martín Soria para dotar a la justicia de nuevas herramientas que le permitan actuar en los nuevos y variados contextos que marca la realidad social de la Provincia.
Pedro Pesatti
Legislador de Río Negro

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