martes, 27 de abril de 2010

Niños abusados: la trampa está en que no hay ley

Fuente Mdzol
por Gabriel Conte
Abusar de cualquier manera contra un niño o un joven es un delito y se puede denunciar como tal. Pero no hay en Mendoza cómo comprometer judicialmente al funcionario que haga la vista gorda de este tipo de hechos o que directamente actúe mal. Por lo tanto, es probable que nunca pise un estrado judicial la persona responsable del abuso ni quien tiene en sus manos actuar.

Esto ocurre “por ahora”, según la versión que tienen a flor de labios los funcionarios del Poder Ejecutivo consultados sobre el tema. Es así, porque se vive “un proceso” que debería verse finalizado con la sanción de todo un plexo normativo que facilite la detección, atención, control y denuncia, según corresponda, de los casos de abuso, maltrato, etc.

Pero la cuestión es que esto sucede desde que la ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes entró en conflictiva vigencia.

“No hay conciencia”, sostienen –con bastante razón- los funcionarios provinciales de Desarrollo Humano a la hora de sincerarse en torno al fallido rol articulado y sistemático que deben asumir los tres poderes del Estado.

Pero mientras tanto, hay un vacío legal y procedimental considerable y una desprotección que cada día deja más incógnitas a los adultos preocupados e indefensos a los menores de edad.

Antes, como lo hemos visto en casos resonantes, cuando un juez no actuaba bien, era juzgado. Ahora, veamos qué sucede:

La ley buena pero difícil

[Abuso]
La puesta en marcha en Mendoza de lo estipulado por ley nacional 26.061 que protege los derechos de niños y adolescentes está estancada en el barro. Los responsables de su aplicación, chapotean en el barro desde hace tiempo y vienen imprimiendo cambios que intentan traccionar hacia adelante.

Sin embargo, frente a casos concretos irresueltos o mal abordados, no hay quien señale tal situación y, si uno pregunta, la respuesta es “está todo bien; no hay denuncias”.

Siempre se supo que el importante cambio que esta ley establece iba a resultar de difícil aplicación. Para ello había que modificar estructuras, actitudes, procesos y conseguir el compromiso de factores de poder. Lo que más costaría –se sabía de antemano- era y es encarar los cambios culturales. Para lograrlo, ningún detalle de su puesta en vigor debía escaparse de los planes y obligaciones de los funcionarios a cargo.

Con la sola entrada en vigencia de la ley, los abusadores de los derechos de los más jóvenes no iban a dejar de hacer lo suyo. No se trata de un remedio instantáneo para una enfermedad que es endémica, sino un manual de acción que, con las herramientas tradicionales con las que trabajan las áreas abocadas al tema Niñez en Mendoza, resulta de aplicación casual más que sistemática; espasmódica más que habitual.

Antes de esta ley, se sabía que si un juez no actuaba frente a una denuncia concreta, el juez era el responsable y se actuaba en consecuencia cuando erraba. Hay muchos casos en Mendoza que sirven de parámetro y, más allá de que su resolución resultara agradable o insatisfactoria para la sociedad, los analistas o los involucrados, el proceso estaba en claro.

El último caso de referencia fue el de la jueza Elsa Galera, a quien se le siguió el correspondiente procedimiento luego de que sospechara que era la culpable de desatender el caso de la niña Ábalos.

La pequeña murió, luego de ser golpeada por sus padres y por ello la magistrada llegó hasta el banquillo de los acusados del Jury legislativo, en donde fue exculpada. El proceso sirvió para conocer miserias y grandezas de todos lados. Pero el proceso existió, cosa que no queda en claro cómo encarar ahora que los jueces cedieron su función a favor de los funcionarios del Poder Ejecutivo por mandato de la ley.

Los responsables, blindados

Ahora, como decimos, quien debe hacer cumplir los derechos establecidos por la ley de Niñez y Adolescencia 26.061 es el “poder administrador” y no el judicial; son los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal y no los jueces. A éstos últimos les toca, ahora, el rol de garantizar el cumplimiento de esos derechos.

Pues bien: desde que los responsables no son los jueces, no hay ninguna denuncia.

¿Será que las cosas están funcionando bien? ¿O que los jueces no sabían antes cumplir con la tarea?

La respuesta es peor de lo esperado.

Una explicación posible es ésta: no es que las cosas vayan mejor ahora; tampoco que se esté produciendo un impasse entre una y otra ley. Sino que, simple e increíblemente, no hay en dónde ni cómo denunciar.

Si algún caso no es atendido como corresponde por alguno de los OAL (los “órganos administrativos locales” responsables de actuar frente a un caso), no hay dónde recurrir.

“No hay ninguna denuncia en la justicia de Familia”, admiten en esos tribunales. Pero dicen algo más. “Eso no quiere decir que no haya cosas que deban ser denunciadas, investigadas y procesados sus culpables”, agregan los jueces que ven con preocupación la situación actual, pero que, a la vez, temen caer en una disputa política si plantean la cuestión.

En el Poder Ejecutivo, la visión es un poco más ingenua (por decir algo): “No hemos recibido denuncias”, nos dijo el ex sacerdote Carlos “Flecha” García cuando le consultamos sobre el tema. El funcionario tiene bajo su cargo el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, uno de los órganos que deberían ser de contralor del trabajo del gobierno en la materia. Aunque preocupado por el tema, el escudo es que “la ley no es clara” y en que sus decisiones no son vinculantes.

Frente a estos datos concretos, cunde en los funcionarios una visión de “país de las maravillas” en torno al tema y una gran esperanza de que “ya va a funcionar todo”.

“No hay denuncias”, dicen. ¡Y tienen razón!, pero no han armado, escrito ni propuesto a la Legislatura la red normativa necesaria para que la gente encuentre un circuito administrativo diferente al estándar, con eficiencia y velocidad para actuar antes de que un niño se muera por culpa del abusador y, también, de un Estado que no llega.

Mientras tanto, se conocen casos en los que las personas que recurren a los OAL se van sin respuestas o bien, desanimados porque les transfieren sus carencias operativas a las personas que acuden con un drama a cuestas. O están de paro. O cierran justo a las 17 sin contar con guardias…

Un laberinto

[Torturas P]
Cualquier planteo que se hace ante la Dinaf (la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) es tomada informalmente y prima la buena voluntad que pueda tener (o no) un ocasional receptor, a un sistema pergeñado, como correspondería, para empujar al cumplimiento de las obligaciones que da la ley, garantizar el respeto por los derechos de los que menos posibilidades de defenderse tienen y, finalmente, para establecer mecanismos de acusación y defensa.

Lisa y llanamente, no existen.

Felizmente, se han creado áreas de Defensoría de la Niñez; multiplicaron los centros de asistencia a nivel municipal, se incorporó a numerosos abogados en las áreas específicas. Pero trabajan a fuerza de buena voluntad (lo que no es poco), y ese esfuerzo se diluye, ya que no existe en Mendoza el ámbito ni el circuito para denunciar la inacción, algo que es vital para garantizar que se respete, en definitiva, los derechos de los más chicos.

Así las cosas, la sensación de “estar bien” resulta una gran mentira, un placebo o bien el claro indicador de una asignatura pendiente. Lo importante es que, más allá de las excusas, se tenga en claro qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que esperamos ver.
Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/204548

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