lunes, 18 de mayo de 2009

A un año de su sanción, todavía no se reglamentó la Ley de trata de personas

A un año de su sanción, todavía no se reglamentó la Ley de trata de personas

En el 2002, Argentina firmó el Protocolo de Palermo, para la prevención, represión y sanción de la trata de personas, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y recién, en el 2008, el Parlamento argentino sancionó la Ley 26.364 (publicada en el Boletín Oficial, el 30 de abril de ese año) pero nunca fue reglamentada. “Tenemos instrumentos legales pero no se reglamenta y urge que se haga”, dijo en diálogo con El Diario, la secretaria del Juzgado Número 2 de Gualeguaychú e integrante de la Red de Alerta, María Angélica Pivas.
Esa legislación, según quedó sancionada y escrita, tiene por “objetivo implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a las víctimas”. Con la ley publicada, pero no reglamentada, la Red de Alerta envió 320 cartas, dirigidas a intendentes entrerrianos para que se abstengan de habilitar las llamadas whiskerías o bares de copas y tan sólo tres municipios, respondieron la misiva, uno de ellos, Pueblo General Belgrano (departamento Gualeguaychú), donde, el viernes, la policía detectó que en un local sobre la ruta 14, estaban trabajando ilegalmente mujeres, tres de ellas de la provincia de Santa Fe. Pivas criticó, además que la ley 26.364 (aun no reglamentada) tenga penas “exiguas” para este delito.
En ese sentido comparó que por una violación el Código Penal, en el artículo 119, establece una pena mayor, que la que se fijó para el delito de la trata de personas, “cuando una mujer es violada de 20 a 24 veces por día. Esta mujer no está consintiendo, está siendo explotada”.
“Esta ley, sancionada en el 2008, incorpora dos artículos al Código Penal el 145º bis y el 145 ter. En el bis, son exiguas las penas pero, además, hace un distingo que el Protocolo de Palermo no lo hace y, con esto Argentina vuelve a incumplir. El Protocolo dice que no importa el consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación, (sea esta sexual, servicios forzados, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos) y en la legislación argentina se invierte la carga de la prueba”, cuestionó la secretaria del Juzgado de Gualeguaychú.
Para Pivas, también debería existir la penalización del cliente, situación que no está contemplada en ninguna ley o tratado internacional. “El cliente es el gran impune en esta cadena. Si penalizamos al cliente, se termina el negocio”.
(El Diario – Entre Ríos, edición digital, 18/5/09 – Marcela Pautaso)

No hay comentarios: