sábado, 4 de abril de 2009

Relator Especial de la ONU sobre la Tortura concluye misión a Uruguay

Relator Especial de la ONU sobre la Tortura concluye misión a Uruguay
27 de marzo de 2009
Después de su misión a Uruguay del 22 al 27 de marzo de 2009, El Relator Especial sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, emitió la
siguiente declaración:
“Quisiera recalcar mi agradecimiento al Gobierno de Uruguay por la excelente cooperación
brindada por el Gobierno de Uruguay. Durante la visita, tuve acceso a todos los centros de
detención, incluyendo visitas sorpresa sin impedimentos, entrevistas en privado con los
detenidos y acceso a documentación. Quisiera expresar mi agradecimiento al Coordinador
Residente de las Naciones Unidas, a su equipo y a los organismos de Naciones Unidas por su
excelente asistencia antes y durante la visita.
Tortura y malos tratos
Recibí pocas alegaciones de tortura en comisarías, las cuales fueron demostradas más allá de
toda duda por exámenes forenses y otras pruebas. Sin embargo, recibí numerosas alegaciones
creíbles de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en prisiones, comisarías de policía y
centros de detención de adolescentes.
Condiciones de detención
a) Comisarías
Las condiciones de detención en algunas comisarías que visité eran malas, con celdas oscuras,
húmedas e inmundas, algunas de las cuales se encontraban en un estado deplorable. Sin
embargo, es alentador el hecho de que la custodia policial esté salvaguardada por el habeas
corpus, y que las personas sean presentadas ante un juez durante 24 o 48 horas como plazo
máximo, haciendo que su estancia en las comisarías sea de corta duración.
b) Prisiones
Las condiciones de detención en las cárceles han ido constantemente empeorando durante los
últimos años. Esta preocupación ha sido expresada reiteradamente por el Comisionado
Parlamentario para el Sistema Penitenciario, e incluso ha sido reconocida por el Gobierno en
2005, cuando declaró un estado de emergencia humanitaria debido a la situación de las
cárceles. Existe una necesidad urgente de tomar medidas contra dichas violaciones de
derechos humanos a gran escala.
Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la
tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones
infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las
Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que
trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y
condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al
día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo
forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas
para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que
los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico.
En algunos módulos de ComCar, donde el número de reclusos es cinco veces superior a su
capacidad, los detenidos son alojados en condiciones deplorables, en celdas sobrepobladas que
no tienen las instalaciones sanitarias adecuadas ni lugares para dormir. Asimismo, la situación
de violencia intercarcelaria
es alarmante, ya que durante 2009, tres personas han muerto
dentro del establecimiento.
Desafortunadamente, el sistema bastante liberal de visitas resulta socavado por el hecho de
que a las visitas, incluyendo a mujeres y niños, se les someten a revisiones invasivas,
incluyendo requisas en sus cavidades corporales, violando su derecho a la dignidad humana.
En clara violación de las normales legales internacionales, no existe separación entre los
presos procesados y los condenados. Existen también retrasos importantes en el sistema
judicial, lo cual produce una situación en la que aproximadamente dos tercios de las personas
privadas de libertad se encuentran procesadas y no condenadas. En vista que los niveles de
criminalidad van en aumento, este porcentaje probablemente aumentará en los próximos años.
Estos dos factores dejan sin efecto al principio de presunción de inocencia y la privación de
libertad como una excepción, tal como lo estipula el derecho internacional. Con la ley 17.897
sobre la Humanización del Sistema Carcelario, el Gobierno ha dado un paso importante. Sin
embargo, son necesarios algunos cambios fundamentales al sistema de justicia penal en su
totalidad, con el fin de prevenir el colapso del sistema penitenciario.
En los distintos centros de detención, comprobé disparidades inmensas de condiciones. La
separación y categorización de los detenidos, incluyendo los derechos que se les conceden,
parece determinarse de acuerdo con el estatus económico y social de los detenidos.
Algunos, si no todos, los problemas que enfrenta el sistema penitenciario y el sistema de
justicia juvenil, son el resultado de la falta de una política penal o penitenciaria integral. Los
reclusos tienen pocas oportunidades de rehabilitación y preparación para su reinserción en la
sociedad. En algunos casos, sólo salen de sus celdas durante dos horas por semana. Esta falta
de actividad, aunada a las condiciones de detención, sólo perpetúa el problema y conlleva a un
índice más alto de criminalidad.
El riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente
seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en
la sociedad en general. El pueblo de Uruguay, un país reconocido por su democracia y
desarrollo social, no merece este sistema penitenciario.
c) Adolescentes
La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último.
Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones
extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o
rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las
condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen
inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un
funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas
en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con
un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o
consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son
muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones.
d) Instituciones psiquiátricas
Tuve una impresión bastante favorable de las dos instituciones psiquiátricas que visité, el
Hospital Vilardebó y la Colonia Etchepare, aunque aún resta mucho por hacer en cuestión de
infraestructura, para asegurar que las personas con discapacidades mentales gocen del derecho
a un trato humano.
Mujeres
Las facilidades penitenciarias para las reclusas se encuentran deterioradas. Sin embargo,
puedo informar que las detenidas cuentan con mejores establecimientos y un régimen más
liberal, aunque esto no elimina el hecho de que existen establecimientos que no son adecuados
para albergar a los niños que permanecen en detención con sus madres.
Acojo favorablemente el Plan Nacional de Lucha contra la violencia doméstica, y aliento al
Gobierno a que lo implemente en su totalidad. No obstante la creación de este Plan, me
preocupa el alto número de casos de violencia doméstica reportados en el país, algunos de los
cuales ocurren después de la imposición de medidas cautelares por el poder judicial. Hago un
llamado al Gobierno de que asegure que el poder judicial se encuentra capacitado para tratar
casos de violencia doméstica, sin someter a las mujeres a una revictimización a la hora de
presentar una denuncia.
Tipificación y prevención de la tortura
La Ley 18.026 de cooperación con la Corte Penal Internacional es un avance positivo para
llevar ante la justicia los crímenes de lesa humanidad en un futuro. A pesar de ello, es muy
poco probable que la ley se aplique para crímenes individuales, como se refleja en la
experiencia de los últimos dos años, desde que entró en vigor. Sin embargo, debe servir como
inspiración para la reforma del código penal, donde la tortura debería estar tipificada como
delito autónomo, en consonancia con la definición contenida en la Convención de la ONU
contra la Tortura. Esto es, de hecho, una precondición para la lucha contra la impunidad de
perpetradores de torturas.
En lo que concierne a la prevención de la tortura, quisiera felicitar al Gobierno por la
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y la reciente
adopción de la ley que establece una Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se
incluye el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Tengo la esperanza de que esta
nueva institución se inspire del trabajo y experiencia del Comisionado Parlamentario para el
Sistema Penitenciario. Su actual mandato debería extenderse para abarcar todos los lugares de
detención, y debería contar con los recursos necesarios para cumplir con esta importante labor.
Haciendo frente al pasado
El Gobierno ha llevado a cabo algunos esfuerzos positivos para afrontar los crímenes
cometidos durante la dictadura. Exhorto al Gobierno a que se asegure de que estos crímenes
sean llevados ante la justicia, que se haga justicia dentro de un plazo razonable, y que se
preserve la memoria de los desaparecidos y de los muertos.
Recomendaciones preliminares
La invitación que me extendió el Gobierno de Uruguay es una muestra de su disposición de
someterse a un escrutinio independiente y objetivo. En este sentido, me alegra observar la
buena disposición del Gobierno para reformar el sistema de administración de justicia.
En particular, le recomiendo al Gobierno:
Llevar
a cabo una reforma del sistema penal judicial, con hincapié en la prevención del
crimen y en la resocialización de los delincuentes, y no en medidas punitivas y en una
política de encierro de presuntos criminales y condenados lejos de la sociedad;
Establecer
un Ministerio de Justicia, responsable del sistema penitenciario y englobado
dentro de una reforma del sistema penal judicial y de una política penitenciaria integral;
Incrementar
el uso de medidas distintas a la encarcelación con el fin de reducir el
hacinamiento en las prisiones;
Separar
a los procesados de los condenados en las prisiones;
Limitar
el plazo máximo de privación de libertad para los detenidos procesados;
Proveer
a los reclusos las necesidades básicas, tales como agua y comida suficiente,
tratamiento médico, más oportunidades laborales, educación y recreación;
Crear
establecimientos adecuados para las reclusas que viven con sus hijos en las cárceles;
Tipificar
la tortura de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 de la
Convención contra la Tortura;
Llevar
a cabo una investigación efectiva sobre cada caso de tortura y malos tratos y llevar
a los perpetradores de tortura ante la justicia;
Establecer
un mecanismo de denuncias accesible y efectivo para víctimas de tortura y
malos tratos;
Ampliar
el mandato del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, para
que incluya todos los centros de privación de libertad y asegurar que este Mecanismo
Nacional de Prevención se integre plenamente en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, la cual será creada próximamente.
Por último, invito a la comunidad internacional, incluido el sistema de las Naciones Unidas, a
que apoye al Gobierno de Uruguay en la implementación de estas recomendaciones.”
Anexo: reuniones y lugares visitados
a) Reuniones
El Relator Especial se reunió con:
 S. E. Sr. Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República y Presidente del
Parlamento
 S. E. Sr. Dr. Pedro Vaz, Ministro Interino de Relaciones Exteriores
 S. E. Sra. Daisy Tourné, Ministra del Interior
 S. E. Sr. José Bayardi, Ministro de Defensa Nacional
 S. E. Sra. María Simon, Ministra de Educación y Cultura
 S. E. Sra. María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública
 S. E. Sr. Jorge T. Larrieux, Presidente de la Suprema Corte de Justicia
 S. E. Sr. Rafael Ubiria, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación
 S. E. Sra. Nora Castro, Presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
 S. E. Sr. Alvaro Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario
 S. E. Sr. Felipe Michelini, Subsecretario de Educación y Cultura
 S. E. Sr. Ricardo Bernal, Subsecretario del Interior
 S. E. Sr. Sidney Ribeiro, Director de la Policía Nacional
 Sra. María Elena Martínez, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de
Educación y Cultura
 Sra. Reneé del Castillo, Directora del Programa de Salud Mental, Ministerio de Salud
Pública
Además del Gobierno, el Relator Especial se reunió con varios legisladores y con
representantes de la sociedad civil. También se reunió también con el equipo de país de las
Naciones Unidas y con la Comunidad Diplomática.
b) Lugares visitados
 Establecimiento Carcelario Santiago Vázquez (Comcar)
 Penal de Libertad
 Cárcel Central, Montevideo (dos veces)
 Pabellón de Mujeres, Cárcel Departamental de Canelones
 Complejo Berro, Hogar Piedras y Hogar SER
 Centro de Ingreso y Derivación Puertas
 Jefatura de Policía de Montevideo (dos veces)
 Comisaría Policial del Seccional 1
 Comisaría Policial del Seccional 15, la Unión
 Hospital Psiquiátrico Vilardebó
 Colonia de Asistencia Psiquiátrica Dr. B. Etchepare y Santin Carlos Rossi
Nota informativa
El Sr. Nowak fue nombrado Relator Especial el 1º de diciembre de 2004 por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. Como Relator Especial, es independiente de cualquier gobierno y trabaja a titulo
individual. La Comisión nombró a un primer relator para examinar cuestiones relacionadas con la tortura en
1985. El mandato, que fue renovado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abarca a todos los
países, independientemente de que éstos hayan ratificado o no la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes.
El Sr. Nowak ha sido miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; ha
trabajado como experto de la ONU sobre personas desaparecidas en la antigua Yugoslavia; como experto de la
ONU sobre los aspectos legales de la desaparición forzada; y como juez de la Cámara de Derechos Humanos
para Bosnia y Herzegovina. Es Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de
Viena y Director del Instituto de Derechos Humanos Ludwig Boltzmann.
Para mayor información sobre el mandato del Relator Especial, consulte la página de internet:
http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm

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